La justicia en Chile: ¿somos todos iguales ante la ley?
(25.mayo.22) El estallido social presentó un escenario propicio para exigir derechos olvidados desde la dictadura cívico-militar y posteriormente durante la transición democrática, entre ellos “el derecho a la igualdad ante la Ley”. Debemos entender que la ciudadanía dejó de creer en los representantes políticos, en la justicia y en los poderes del Estado.
En Chile, al igual que en otros países, en el ámbito de la justicia civil y penal se levantaron voces de alerta y de protestas con altos costos. Además, en el caso chileno, la congestión de casos y la lentitud de los procesos en tribunales y la desconfianza generalizada en el sistema judicial, conformaron una realidad que terminó vulnerando los derechos a aquellos sectores de menores recursos.
La percepción de la ciudadanía sobre que la justicia es clasista, es un claro ejemplo de la pena aplicada a quien se roba una gallina versus la pena por delitos económicos con clases de ética. Pareciera ser que la protección a personas o sectores influyentes ante la aplicación de la ley aún mantiene ciertos privilegios de impunidad o de penas menores.
Todo indica que todavía coexiste una “justicia para pobres y una justicia para ricos”. Esto se escucha en la ciudadanía con más fuerza hasta el día de hoy. En la década de los 90 se abrigó la esperanza de que la Reforma Procesal Penal cambiaría este centenario rumbo de inequidad, pero no fue así.
Para conocer más sobre este tema y de qué manera el Gobierno podrá ayudar a cambiar esa percepción, el programa Oh! Citoyens Live conversó con la nueva Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, la abogada Paula Gutiérrez Huenchuleo.
¿Qué entendemos por ser iguales ante la Ley y la reparación frente a la aplicación de las normas de justicia? Es la pregunta que se hace la Seremi Gutiérrez al inicio de la conversación. Y más adelante indicó que “nuestro código penal data de 1885, y no siempre se condice con la realidad y la connotación de los delitos”, agrega.
“El problema no es solo legal, sino que quien aplica la Ley (…) es un tema cultural”, y que no todos ellos se les debe aplicar la cárcel. Es decir, la estrategia jurídica varía respecto de los contextos y las complejidades y, por cierto, de las connotaciones de los delitos.
Más adelante, señaló que “la ciudadanía prefiere un hospital o un espacio recreativo ante que las construcciones de cárceles”, dijo.
Los ejes principales encomendados por el presidente Gabriel Boric al ministerio y sus respectivos represntantes regionales, explicó la Seremi Gutiérrez, consisten en la reinserción psicosocial intersectorial con otras áreas ministeriales; por un lado, y por otro, el desafío de la educación como un desarrollo no solo en lo técnico, sino que también en ‘habilidades blandas’ y emprendimientos laborales.
En el caso de la región de Valparaíso el nivel alcanza a un 12% de reincidencia en delitos, en una de las poblaciones penales más grande del país, “parece que algo estamos haciendo mal respecto de los que comunicamos” y por ello, la percepción ciudadana es equivocada. “El estigma de quien estuvo preso y no puede volver a trabajar es errada”, señaló la representante regional en Justicia y Derechos Humanos.
En materia de Derechos Humanos, en un programa de TV-Red, se dio a conocer que la ex Subsecretaria de Justicia, Lorena Friés, manejaba información que no se había entregado a tribunales, Programa de Derechos Humanos y a la opnión pública, y que durante su gestión recibió 5.988 relatos. Esto es, entre julio de 2017 y agosto de 2018, cerca de 12 mil ex conscriptos que cumplian su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales.
En este sentido, Gutiérrez declaró que a la fecha no había conversado con la actual Subsecretaria Haydee Oberreuter, pero se está tomando contacto con organizaciones de derechos humanos y ministros en visita “con el fin de avanzar con las causas de lesa humanidad y que lleguen a buen puerto”, argumentó.
En el actual escenario de aprobación o rechazo ciudadano a la nueva constitución, la Seremi Gutiérrez se inclinó – a partir de su lectura del borrador – por considerar un avance en ciertas materias penales de justicia en algunos ítems, pero llamó a la población nacional a leer el nuevo texto y realizar una adecuada comparación entre ambas constituciones, de tal modo de votar en conciencia e informados en septiembre.
Ver entrevista completa en:
https://youtu.be/i21CfpLOodk